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Haytham Manna
El doctor Haytham Manna fue comisionado por cinco ONG de derechos
humanos, como observador en el proceso judicial contra Hassan El
Rachidi y Brahim Sbaâ Ellil, que se abrió en Rabat el 1 de julio
de 2008.
Los
acontecimientos de Sidi Ifni (ciudad de Marruecos a 700 Km al sur de
Rabat, la capital) ocurrieron el sábado negro del 7 de junio de
2008 y han sido, sin duda, un gran desafío para el trabajo de los
periodistas en momentos críticos. El periodista es un historiador
del instante, un testigo directo que transmite de forma inmediata
los diferentes puntos de vista de los protagonistas. En este sentido,
y usando la expresión de Michel Seurat, «un sociólogo en caliente»
que debe conciliar el guión de su crónica informativa con las
deducciones lógicas, teniendo en cuenta las contradicciones entre
varias interpretaciones de un mismo suceso. Mientras que la
verificación de las informaciones puede llevar a investigadores de
otros campos a reconsiderar sus conclusiones, el periodista no puede
permitírselo, ya que está obligado a trabajar bajo la presión de la
primicia y tiene que darse prisa para transmitir sus reportajes.
En
el sur de Marruecos, un grupo de jóvenes diplomados sin trabajo hizo
«una sentada» frente a la entrada del puerto de
Sidi
Ifni Ait Baamrane -una pequeña ciudad de menos de 24.000
habitantes- a la que el destino hizo entrar, en otra época, en la
resistencia contra el colonialismo y actualmente en la resistencia
ciudadana. Los jóvenes bloquearon el acceso al puerto, impidiendo la
salida de los camiones de pescado con destino a los depósitos
frigoríficos y las fábricas de conservas de Agadir. Se trataba de
una protesta por la degradación de las condiciones sociales de los
jóvenes desempleados de la ciudad, por el desprecio de las
autoridades ante las reclamaciones populares y por el olvido de las
promesas de los responsables oficiales de crear una zona industrial
en la localidad y las estructuras de formación.
La
respuesta a la sentada fue el envío, a las cinco de la mañana, de
Compañías móviles de intervención (policía nacional marroquí, N. de
T.) y policías equipados con porras, balas de plomo y de goma y
granadas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y sus
familias. Las fuerzas represivas no se conformaron con golpearlos y
dispersarlos, sino que además irrumpieron con violencia en las casas
las familias que se solidarizaron con las reivindicaciones de los
jóvenes, de una forma salvaje saqueando, robando objetos, dinero y
joyas personales, golpeando a la gente en las zonas más sensibles,
violando a las mujeres tras arrancarles la ropa y profiriendo
exabruptos e injurias que ofendían la dignidad de sus víctimas
(existen certificados médicos que lo demuestran). Aunque el gobierno
afirma que sólo hubo 300 miembros de las fuerzas de seguridad para
reprimir a los activistas, algunas fuentes aseguran, por el
contrario, que los represores fueron 3.000. Cinco horas después del
arranque de la operación, Sidi Ifni estaba sometida a un bloqueo
total: nadie podía salir ni entrar a la ciudad.
Varios de los jóvenes que participaron en la sentada optaron por
huir a las montañas circundantes para no caer en manos de las
fuerzas represivas.
Un
informe médico que hemos recibido constata agresiones sexuales y
fuertes golpes en rostros, cabezas y oídos. Otro certificado médico
demuestra un traumatismo provocado por desnudar, manosear y agredir
sexualmente a la víctima. Un tercer certificado establece una
notable incapacidad para mover los dedos de la mano, así como
dolores insoportables y traumatismos, a causa de una violación. Una
de las víctimas de esas agresiones sexuales no puede ahora salir a
la calle ni soportar la mirada de los transeúntes sobre su cuerpo.
Ante
la ausencia de prensa nacional, que no se publica los fines de
semana, desde el día siguiente la noticia fue transmitida por las
agencias audiovisuales, las organizaciones de derechos humanos e
Internet.
Me encontré, como observador, en un tribunal donde se juzga al
cuarto poder, representado por el periodista Hassan El Rachidi,
director de la agencia de Al Jazzera en Marruecos, y al
«contrapoder», representado por Brahim Sbaa Ellil, militante por los
derechos humanos, ambos en el banquillo de los acusados por la
violación al artículo 42 del Código de la prensa (1) vigente en
Marruecos. Para completar el cuadro, una decisión política retiró la
acreditación de periodista a Hassan El Rachidi, quien se encontró
frente a la siguiente disyuntiva: o permanecía en Marruecos
cambiando de actividad o abandonaba el país para ejercer el
periodismo en el extranjero. En cuanto al militante Sbaa Ellil,
quien había sido secuestrado y detenido en la prisión central de
Salé, no le han permitido presentarse en la sala de audiencias del
tribunal de Rabat.
Tres
semanas después del sábado negro, se puede decir que el expediente
judicial es enorme: los ciudadanos conscientes de la importancia de
los sucesos, hicieron fotos con sus teléfonos celulares a los
policías mientras éstos golpeaban a la gente en la calle. Y, por su
parte, los defensores de los derechos humanos reunieron los
testimonios acreditados por certificados médicos, lo que consiguió
quebrar el temor a la violencia policial y superar el obstáculo
del miedo en la gente; las mujeres, que hablaron delante de los
hombres, dieron testimonio de todo lo que habían sufrido.
Se
ha podido comprobar con absoluta claridad que en los países donde
los regímenes pretenden controlar los poderes ejecutivo y judicial,
el cuarto poder asume plenamente su papel, de forma pacífica y
esencial, en situaciones en las que no se tolera ninguna otra
expresión. No es sorprendente, por lo tanto, el ensañamiento del
poder contra el cuarto poder, se ejerza éste de forma tradicional o
moderna.
Más
de 20 conocidos abogados defensores de causas políticas trataron
inútilmente de convencer al presidente del tribunal de que era
ridículo establecer un plazo de sólo 72 horas para que la defensa
examinara los incompletos expedientes de la acusación cuando las
investigaciones de la comisión parlamentaria del gobierno y las ONG
apenas habían comenzado. El presidente del tribunal respondió a la
propuesta de la defensa con un «niet» inamovible y estableció el
inicio del proceso para el 4 de julio de 2008, incluso antes de
examinar seriamente la documentación y abandonando la neutralidad
exigida al poder judicial en un asunto tan delicado.
Al
día de hoy sería aventurado hablar con absoluta seguridad sobre los
sucesos en todos sus detalles. Lo que sí es seguro, es que quienes
transmitieron la información de la que disponían a la opinión
pública salvaron a decenas de personas de la violencia desplegada
por las fuerzas represivas de tal forma que provocaron un conflicto
no sólo local, sino a escala nacional. La gente ha empezado ha
hablar del regreso de los «años de plomo».
Lejos de cualquier teoría de la conspiración, sin embargo, ¿es una
casualidad que se condene al mismo tiempo a Abdelkarim Al Khiwani
(2) a 6 años de prisión en Yemen, que se lleve a juicio a 4 jefes
de redacción en Egipto, que se sancione a la prensa escrita con un
estrangulamiento económico, que se obstaculice el periodismo en
Marruecos, que varios periódicos y revistas independientes estén
prohibidos en otros países árabes y que se esté llevando a cabo una
escalada de asfixia de los símbolos del cuarto poder en el mundo
árabe?
La
respuesta es muy simple, sigue habiendo sectores autoritarios que
nunca aceptarán la idea de un cuarto poder que rechaza que lo
encasillen dentro los límites de «la voz de su amo».
Notas
(1)
Se castigarán con cárcel por un período de un mes a un año y con una
multa de 1.200 a 100.000 dirhams, o con una de las dos penas, la
publicación, difusión o reproducción de mala fe, por cualquier
medio, especialmente los medios señalados en el artículo 38, de
noticias falsas, alegatos, hechos inexactos, noticias inventadas o
falsificadas, aunque se atribuyan a terceras personas, cuando dichas
informaciones hayan perturbado el orden público o causado miedo
entre la población Estas mismas conductas serán castigadas con
cárcel por un período de uno a cinco años y con una multa de 1.200 a
100.000 dirhams cuando la publicación, difusión o reproducción pueda
afectar a la disciplina o la moral de las fuerzas armadas.
(2)
Abdelkarim Al Khiwani,
redactor jefe del periódico independiente Ach Choura, sacó a
la luz pública el año pasado el plan pergeñado por el presidente Ali
Abdullah Saleh (en el poder desde el 1990) para que su hijo lo
sucediera en el cargo. Esta revelación llevó al presidente Saleh a
abandonar su «gran idea» y continuar en el cargo sucediéndose a sí
mismo «a petición del pueblo». Al Khilwani fue arrestado en junio de
2007, su periódico prohibido, su Web bloqueada y su familia
amenazada. El 9 de junio de 2008, fue condenado a seis años de
prisión por «ofender al presidente» y «desmoralizar al ejército». El
juez que lo condenó consideró que Al Khilwani era cómplice de los «terroristas»
de la secta zaidí del difunto jeque Hussein Badreddine Al Houti, que
desde hace varios años mantiene una resistencia armada frente al
gobierno en el norte de Yemen.
Traducido por Jorge Aldao. Revisado por Caty R
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